Esta semana (06/06/2014) se conmemoraron los 70 años del Día-D, el desembarco de Normandía. Una acción bélica que marcaría el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Otro día hablaremos de guerra, ya que de la guerra y de sus consecuencias, derivan muchos de los avances científicos que hacen el entorno más accesible para muchas personas. Por no hablar del conocimiento médico que, por las malas, se adquiere.
Pero lo que hoy nos ocupa es harina de otro costal. A cuenta de la citada celebración, saltaba a los medios de comunicación una entrañable y sorprendente noticia: un anciano de casicasi 90 años se escapaba de su residencia para unirse a las celebraciones en Normandía. Aparentemente los profesionales (médicos) de la residencia le habían prohibido («desaconsejado fuertemente» que diría cualquier inglés) semejante viaje y el habría decidido hacer de su capa un sayo y coger las de Villadiego. Cuando el preguntó si podía ir, no era una pregunta, era una comunicación formal. Estos jóvenes no se enteran de la buena educación inglesa. En connivencia con su esposa, que se quedó en la residencia poniendo cara de poker y diciendo, palabritadeniñojesús, que ni idea del paradero de su santo, se caló hasta la última medalla, se puso una gabardina por encima y salió «a dar un paseo». Doce horas más tarde la policía le incluía en el registro de personas desaparecidas y aparecía en los noticiarios de todo el país bajo el sugerente titular de «La gran evasión».
Fue entonces cuando un colega de filas llamó a la residencia para advertir del paradero del buen hombre. Normandía, para más señas. En un hotelito muy cuco en primera línea de celebraciones. Sano y salvo, con ganas de ver a los, cada vez menos, camaradas, charlar, disfrutar y rendir homenaje a los que se fueron. Y advirtiendo que dejasen de dar la barrila con desapariciones, que ya volvería, si acaso, en dos o tres días.
Volvió en Ferry, por supuesto, como corresponde a un Comandante de la Armada, siendo el invitado de honor y, a esas alturas, héroe nacional. En el puerto le esperaba una recepción multitudinaria y plagada de medios de comunicación.
Por supuesto, tras el intenso debate generado por la negativa de la residencia a facilitar el viaje en aras del «cuidado» y la «protección», la directiva del centro lo niega todo. «Nos lo pidió a última hora y no había sitio en ningún ferry ni autobús para que pudiese ir». Hombre, pues el señor se presentó a pie de muelle y con el barco zarpando y no pareció tener ningún problema.
Más información:
Noticia en el Daily Mail
Información en Sky-News
Todo esto nos lleva a un interesante debate que tengo habitualmente con colegas y padres, a saber, la diferencia entre Incapaz e Incapacitado.
Hace ya años que yo, que no soy ni de lejos, experta en derecho, me planteé quien tenía que firmar los impresos de matrícula del alumnado mayor de 18 años de mi centro. Los Centros de Educación Especial en España escolarizan a alumnado de 3 a 21 años con diferentes necesidades educativas especiales. Todo surgió cuando, en mi primer año como directora, como consecuencia de un brote de meningitis, todo el alumando y profesorado entre 15 y 25 años de Galicia, debía ser vacunado. La campaña se llevó a cabo directamente en los centros educativos. Los padres firmaron las autorizaciones y el equipo médico se desplazó para cumplir su cometido. Les asignamos un sitio y los alumnos fueron pasando acompañados del profesorado. Cuando llegó el turno de un chaval de 20 años con Síndrome de Down y un retraso mental moderado a severo, el chico vio al médico y dijo «No». Un no rotundo y tajante. «NO» y le señaló la jeringuilla ya cargada. Yo iba con él y tenía la autorización en la mano firmada por su madre. El médico miró al chaval, miró la autorización y preguntó.
– ¿Qué edad tiene el chico?
Él mismo respondió:
-Tengo 20. Soy mayor. No quiero que me pinches.
Yo asentí y dije que, efectivamente el chaval tenía esa edad. Entonces el médico preguntó si estaba legalmente incapacitado y yo dije que no, aunque era obvia su condición de persona con discapacidad.
El médico ni se dignó discutir conmigo. Gritó «Siguiente» y continuó su tarea.
Cuando la madre llegó a recogerle le contamos qué había sucedido. Montó en cólera y, en un acto de mesura parental, procedió a denunciarme ante la Guardia Civil por no haber ejercido correctamente la guardia y custodia de su hijo.
La denuncia no se admitió a trámite por no estar su hijo legalmente incapacitado y yo, ese día, aprendí que lo estábamos haciendo mal.
Lo hacemos mal porque, sistemáticamente, realizamos las gestiones administrativas con la familia del alumnado mayor de edad, por indicación de las autoridades educativas, sin distinguir si el alumno está o no incapacitado, y sin exigir copia de la incapacitación para ver los términos expresos de la misma.
Pregunté a diversos juristas (jueces, fiscales y abogados que nos han dado cursos a los directores de centros) y su respuesta fue siempre meridiana.
Incapaz: Es la persona que, claramente, no tiene pleno uso de sus facultades y capacidad de raciocinio. Sin embargo conserva todos los derechos que le asisten como persona mayor de edad y debe actuar como tal en todos los actos administrativos y jurídicos en los que participe. Es independiente del grado de dependencia o de minusvalía reconocido.
Incapacitado: Es la persona que ha sido declarada Incapaz por un juez para ejercer su autogestión y que, por tanto, precisa de un tutor en determinados aspectos. Hay que ver los términos exactos de la incapacitación y actuar en consecuencia. No todas las incapacitaciones son iguales y puede haber actos en los que deba decidir la propia persona o garantizar que se ha escuchado su opinión. El reconocimiento de dependencia o minusvalía no equivale a la incapacitación. Sólo un juez puede incapacitar y después de un proceso muy concreto y complejo.
Así pues todo alumno mayor de 18 años, tenga la condición de dependencia, discapacidad reconocida, etc, es una persona libre y autónoma con el derecho de decidir y el deber de ratificar administrativamente sus decisiones, salvo que esté legalmente incapacitado. Todo alumno mayor de 18 años no incapacitado ha de firmar sus propias matrículas, sus adaptaciones curriculares y demás documentos administrativos y puede salir por la puerta cuando le venga en gana. Puede negarse a que le contemos a sus padres cualquier información que prefiera mantener en la intimidad y puede decidir si toma o no la medicación.
Y esto es muy importante y, en general, no se está haciendo bien, en el conjunto de centros de educación especial de España, y particularmente en los que tienen Escuela-Hogar. Tratando a un mayor de edad como a un niño símplemente por tener un cierto grado de discapacidad reconocida o unas necesidades educativas especiales particulares, estamos conculcando los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Y además de estar mal desde el punto de vista profesional, cualquier día nos va a dar un disgusto gordo.